Ley de blanqueo de capitales: reforma y modificaciones

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Ley de blanqueo de capitales: reforma y modificaciones

El blanqueo de capitales, o money laundering, es un término que surgió en 1982 en Estados Unidos. De carácter global, se trata de un fenómeno que se expande paralelamente al crecimiento de la actividad económica propiamente dicho, aprovechándose de las ventajas que ofrecen la globalización de los circuitos financieros. La confiscación de activos y recursos económicos obtenidos de actividades ilícitas es uno de los principales objetivos de los organismos policiales internacionales, así como de las autoridades financieras y judiciales de todo el mundo, especialmente los países democráticos. La Unión Europea y España son solo un eslabón, ciertamente involucrados, en la cadena de batalla contra un cáncer común que amenaza con engullir todo tipo de estructuras estatales. Hasta el momento, se han aprobado cinco directivas para abordar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

De acuerdo con las recomendaciones del GAFI (Financial Action Task Force), estas directivas se han ido adaptando a nuevas formas de expresar el blanqueo de capitales. Por tanto, la primera de estas directivas, la Directiva del Consejo 91/308 / CEE del 10 de junio de 1991, define el blanqueo de capitales refiriéndose a los delitos de narcotráfico e impone obligaciones a las entidades del sector financiero de cooperar. Esta directiva llevó a España a aprobar la Ley 19/1993 sobre determinadas medidas para prevenir el blanqueo de capitales el 28 de diciembre. Su propósito es prevenir y detener el lavado de activos, e imponer fundamentalmente obligaciones administrativas sobre la información y cooperación de las instituciones financieras. La Ley N ° 10/2010, de 28 de abril, "De Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo" transformó la directiva. Como se indica en su preámbulo, "los términos y sistemas de la directiva se adaptan a la práctica de la legislación nacional". Además, unifica la normativa interna en materia de prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, previa coexistencia de dos normativas legales distintas que establecieron la sistematización de toda la normativa. Después de importantes cambios posteriores, la ley sigue aplicándose en la actualidad.

La prevención del blanqueo de capitales consiste en todas aquellas medidas encaminadas a evitar el blanqueo de capital, es decir, a evitar que los delincuentes utilicen este mecanismo para disimular el origen ilícito de dónde proviene su patrimonio, colocándolo de esta forma en el curso legal del dinero.

La regulación actual, en su artículo 2, enumera a las personas que considera sujetos obligados a dar a conocer la información correspondiente con relación a sus operaciones económicas que puedan tener cierto carácter sospechoso y, por lo tanto, constitutivas de formar parte del blanqueo de capitales. Se incluyen, entre otras:

-       Proveedores de servicios de monedas virtuales, incluyendo los servicios de cambio de moneda virtual por moneda de curso legal, o viceversa, y los proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos o de salvaguardia de claves. 

-       Además, las personas físicas o jurídicas que comercien profesionalmente con bienes quedarán sujetas a las obligaciones establecidas en los artículos 3, 17, 18, 19, 21, 24 y 25 de la L 10/2010, de 28 de abril, respecto de las transacciones en que los cobros o pagos se efectúen por personas físicas no residentes con los medios de pago a que se refiere el artículo 34.2 de la L 10/2010, de 28 de abril y por importe superior a 10.000 euros, ya se realicen en una o en varias operaciones entre las que parezca existir algún tipo de relación. (Art. 38 L 10/2010, de 28 de abril)

Los mencionados sujetos han de cumplir con determinadas obligaciones señaladas por la ley, como, por ejemplo:

-       Diligencia debida. Consiste en la actitud por parte del sujeto que resulta obligado, manifestada de forma práctica en una serie de actividades que tienen como finalidad impedir el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

·       Medidas normales de diligencia debida (arts. 3 a 8 L 10/2010, de 28 de abril y art. 4 a14 RD 304/2014, de 5 de mayo): identificación de los intervinientes en operaciones, de los titulares reales, del propósito e índole de las relaciones de negocios, así como el seguimiento continuo de estas operaciones, etc., 

·       Medidas simplificadas (arts. 9 y 10 L 10/2010, de 28 de abril y art. 15 a18 RD 304/2014, de 5 de mayo) respecto de clientes o de productos u operaciones concretas.

·       Medidas reforzadas (arts. 11 a16 L 10/2010, de 28 de abril y art. 19 a22 RD 304/2014, de 5 de mayo): relaciones de negocio y operaciones no presenciales, corresponsalía bancaria transfronteriza, personas con responsabilidad pública y productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnológicos.

 

-       Obligación de información. La propia ley, además de las medidas anteriores de diligencia debida, diseña una serie de obligaciones a las que denomina de información, como:

·       Prohibición de revelar tanto al cliente como a terceros el hecho de una comunicación o del examen de una operación.

·       Obligación de conservación de los documentos durante 10 años, coincidente con el plazo de prescripción de los delitos dolosos de blanqueo de capitales. 

·       Prohibición de ejecución del hecho u operación anterior, salvo que no fuera posible abstenerse o dicha inejecución dificultase la investigación, comunicándolo al SEPBLAC.

·       Obligación de comunicar al SEPBLAC cualquier hecho u operación, incluso la mera tentativa, respecto al que, tras el examen aludido, exista indicio o certeza de que está relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. 

El 27 de abril de 2021 se aprobó el Real Decreto N ° 7/2021, que modificó una serie de leyes y reglamentos en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, incluida la Ley N ° 10/2010, de 28 de abril. A continuación, se hace un repaso de las noticias más relevantes desde una perspectiva práctica. Los cambios más relevantes para realizar son:

-       Actividad de nuevo tema. Ahora se requiere que los operadores configuren un sistema PBC / CFT. Para ello, pueden empezar por redactar una guía y asignar un representante a SEPPLAC. Si se considera que es necesario y tiene una de las actividades enumeradas (como el arrendamiento profesional de bienes raíces), deberá aplicar todas las regulaciones de PBC / CFT a las nuevas actividades.

-       Respecto a las nuevas obligaciones del usufructuario de la persona jurídica: Deberá recabar la información contenida en el artículo 4bis de la LPBC. Si también debe hacerlo, considere consultar a su guía.

-       En cuanto al registro de títulos de propiedad, pueden estar pendientes cambios regulatorios.

-       Con respecto a los procedimientos de evaluación, considere revisar su evidencia para verificar su regularidad e incluir nuevos supuestos sobre figuras públicas.

-       En cuanto a los trámites, es necesario informar al denunciante que tiene acceso directo al SEPBLAC en determinadas circunstancias que deben ser incluidas en los trámites.

Por último, le recomendamos que preste atención a los cambios enumerados como Acción RDL 7/2021, ya que es posible que se descubran una serie de problemas que ya están en la escala 2020.

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