El 17 de diciembre venció el plazo para la conversión de la denominada directiva 'whistleblowing', que protegerá a las personas que denuncien el incumplimiento de las normas europeas dentro de la empresa. Esta es la llamada ley de protección de denunciantes, que ya se ha implementado en nuestro país, y comenzaremos a ver resultados iniciales en menos de medio año. ¿De qué trata, cuál es su impacto y cómo afecta al sector privado?, te lo contamos aquí.
La directiva de denuncia de irregularidades promete cambiar las reglas del juego porque es una ley de naturaleza única y desconocida hasta el momento. Como sucedió con la Ley de Control de Tiempos, la Ley de Igualdad y el Formulario de Registro Obligatorio de Salarios, el Departamento de Recursos Humanos debe realizar cambios importantes para asegurar el cumplimiento. Más concretamente, el reglamento fue aprobado en 2019 y es la Directiva (UE) 2019/1937. De los 27 estados miembros, solo Dinamarca ha logrado hasta ahora una adaptación completamente exitosa, mientras que los otros 26 países están avanzando hacia este objetivo.
En cuanto a las circunstancias específicas de España, la fecha de entrada en vigor de la "Directiva 'whistleblowing" es el 17 de diciembre de 2021, que es en realidad la fecha y el plazo señalados para la transposición antes mencionada. Si bien la ley se promulgó hace dos años, su aplicación se retrasó, no solo por la complejidad que implica, sino también por la crisis del Covid-19. Según sus directrices, la orden de denuncia de irregularidades afectará en principio a todas las empresas con 250 empleados o más. A partir de 2023, esta regla se aplicará a las empresas que a partir de entonces tengan 50 empleados.
El límite para la transposición de esta directiva europea pasó, y sin embargo, todavía señala el Gobierno que quedan ciertos aspectos por limar, por lo que hasta bien entrado el año 2022 España no tendrá en vigor esta normativa. Fuentes del Ejecutivo aseguran que el proyecto se llevará al Consejo de Ministros en enero.
Como muchas leyes de recursos humanos, el propósito de las instrucciones para denunciantes no puede limitarse a un área. Como todos sabemos, el reglamento tiene como objetivo garantizar la transparencia en los ámbitos público y privado y combatir la corrupción. Para ello, recomienda establecer canales y métodos de comunicación específicos para que los empleados y ex empleados del sector privado, así como los funcionarios, exfuncionarios y trabajadores del sector público, puedan denunciar las violaciones de diferentes leyes o derechos. Es similar a la situación que generó denuncias anónimas en inspecciones o juicios laborales, pero a mayor escala y con convenios de la propia Unión Europea. La definición de denunciante no es más que anglicismo, si se traduce literalmente, puede describirse como "denunciante". En otras palabras, ha emitido una voz de vigilancia contra las violaciones, es decir, es un denunciante.
Este es el principal punto de apoyo de la directiva que también busca fortalecer y proteger el estatus de estos denunciantes anónimos, que desde el punto de vista legal, carecen actualmente de cualquier tipo de protección frente a represalias.
La directiva de denunciantes establece la existencia de dos tipos de denunciantes: formales y anónimos. En ambos casos, las personas recibirán la protección que merecen para evitar que su seguridad personal, propiedad o la seguridad personal de terceros sea agredida o intimidada. En cuanto a las denuncias, siempre deben ser fiables y comprobables. En ningún caso pueden ser malintencionados, abusivos o realizados utilizando información de acceso público. Las quejas deben utilizar un canal específico (lo discutiremos más adelante en este artículo), de hecho, cualquier tipo de soporte es efectivo: escrito, oral, telefónico, electrónico, etc.
Actualmente en España se ha promulgado normativa para denunciar fraudes, conductas ilícitas, corrupción y violaciones de derechos laborales (entre otros). Algunas de ellas se encuentran en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales o en el artículo 31 bis del Código Penal. Se entiende que las normas de protección de los denunciantes tratan de "revertir la carga de la prueba". Esto significa que no es el denunciante y / o su representante quienes deben probar el delito, sino la organización la que debe defender la acusación.
En pocas líneas, el significado más importante de esta directiva incidirá en los siguientes ámbitos:
- Se prohíbe cualquier forma de amenaza, coacción o represalia contra el denunciante. El incumplimiento significará sanciones económicas.
- Las empresas y entidades públicas con más de 50 empleados / funcionarios deben garantizar los canales de denuncia.
- Se designará al supervisor y la agencia externa responsable de supervisar la denuncia.
- La investigación de la denuncia debe completarse en un plazo máximo de tres meses, incluida la respuesta al denunciante.
Las áreas de política que se han beneficiado de la orientación para denunciantes hasta ahora son:
- Mercado general.
- Productos, servicios y mercados financieros.
- Prevención del blanqueo de capitales / financiación de actividades terroristas.
- Seguridad en el transporte.
- Protección Ambiental.
- Protección radiológica, seguridad nuclear.
- Seguridad y cumplimiento del producto.
- Seguridad alimentaria, salud y bienestar animal. salud de la comunidad.
- Protección de los intereses de los consumidores.
- Privacidad y protección de datos personales.
- Seguridad de redes y sistemas de información.
Por supuesto y, debido a que sucede cada vez que surge un nuevo reglamento, las organizaciones deben implementar una serie de ajustes para aprovechar las leyes que imponen. El control del apéndice, por ejemplo, implica la implementación de métodos de firma para garantizar el registro exacto de los días hábiles, incluso en caso de que las empresas funcionen con desplazamiento rotatorio. En este caso, con la información hasta ahora, los principales cambios ocurren en el campo de la protección de datos y la comunicación interna. La Directiva de Whistleblower será básicamente que las políticas de la compañía se crearán y se ajustarán para adaptarse a esta nueva tendencia.
La Directiva sobre denuncia de irregularidades promete establecerse como un gran cambio de juego para 2022. Su implementación inevitablemente implicará cambios significativos dentro y fuera de las instituciones públicas y privadas, pero con información relevante. En el caso de que una buena estrategia de gestión del tiempo sea beneficiosa, su efecto será más positivo que negativo en cuanto a la gestión de personas se refiere.